a) 40 años de vida: 1971-2011
Garoña tiene una potencia eléctrica de 466MW (en 2010 generó 3.836 millones de KWh) (el resto de las centrales españolas rondan los 1050 MW), está sobradamente amortizada y sigue funcionando después de 42 años.
La central nuclear de Garoña es la única con tecnología de primera generación que sigue en funcionamiento en el estado español. Al igual que Fukushima I entró en funcionamiento en 1971 y tiene un reactor de agua en ebullición (Boiling Water Reactor, BWR) diseñado por General Electric en los años cincuenta, también comparten el mismo sistema de contención Mark I ya desaconsejado por la Comisión de Energía Atómica de EEUU desde 1972.
Uno de los problemas que afronta Garoña, aunque es generalizable a todos las plantas españolas, es la saturación de su piscina de combustible gastado, prevista para 2015, según datos de Enresa.
La legislación española no determina el tiempo de funcionamiento máximo de las centrales, y conceptos tales como vida de diseño, vida remanente o extensión de vida, no tienen significado legal explícito.
En sentido estricto, la vida de diseño se define como el tiempo de funcionamiento de una estructura, en este caso, la estructura de la central. Las centrales españolas tienen una vida de diseño de 40 años, al igual que las americanas y europeas de la misma tecnología. Por tanto en el 2011 se debería de haber cerrado definitivamente.
b) Accidentes
Desde 1990, Garoña ha notificado 136 sucesos, de los cuales 6 han sido clasificados como "anomalías" de nivel 1 -el segundo más bajo- en la Escala INES.
Con los informes de 2009, el CSN ya puso de manifiesto la gran cantidad de defectos y elementos degradados que tiene la central, algo que posteriormente se confirmó con las pruebas de resistencia.
Este informe antes de la catástrofe de Fukushima- imponía inversiones millonarias a Nuclenor (Iberdrola-Endesa) si quería seguir su actividad hasta 2019, pero al concedérsele la prórroga “solo” hasta el 2013, estas inversiones en seguridad no se han realizado.
A esto habría que añadir las medidas derivadas de las llamadas “pruebas de resistencia” tras el accidente de Fukushima, como requiere el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).